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PEÑA NIETO PIDE PERDÓN

In Uncategorized by Liliherma

El pasado 18 de julio del 2016 en una ceremonia para “Poner en marcha” el Sistema Nacional Anticorrupción, Enrique Peña Nieto pidió perdón al pueblo de México.

Sí, en su discurso reflexionó sobre la corrupción y la autocrítica, recordando el asunto de la Casa Blanca, aquella lujosa mansión de “Las Lomas de Chapultepec” que según la primera dama Angélica Rivera fue fruto de años de trabajo dentro de Televisa, en esta controversia salió a la luz en nombre de HIGA, empresa que se ha visto beneficiada desde que Peña Nieto era gobernador del Estado de México.

Aunque no lo hizo en los términos que dijo que lo haría, de acuerdo a la información del semanario Proceso número 2072:

“La información emitida por la Presidencia de la República da cuenta de que no vendió los derechos, sino que canceló la operación y que el contratista Hinojosa Cantú le regresó el dinero y los intereses que llevaba pagados”.

Por supuesto no se menciona ninguna penalización por incumplimiento de contrato. Como haya sido, Enrique Peña recordó el caso y pidió perdón por el agravio y la indignación que causó al pueblo de México.

Dijo que: Los mexicanos nos sentimos lastimados y dolidos por la corrupción”, que «Todos los días la sociedad se entera de actos de corrupción» y que los servidores públicos son responsables de la percepción que generan con lo que hacen. Reconoció que cometió un error que lastimó la investidura presidencial y daño la confianza en el gobierno” aseguró que “en carne propia” sintió “la irritación de los mexicanos”. Entonces dijo desde el Palacio Nacional: “Con toda humildad les pido perdón.

Pero, ¿por qué deberíamos creer que su arrepentimiento es verdadero? Si en su poder está la posibilidad de remediar tantas otras cosas que nos indignan, que nos lastiman, que nos agravian, que nos duelen.

Y no le podemos creer ya que el pasado jueves 21 de julio, la periodista Carmen Aristegui denunció públicamente que se ha intensificado el acoso, el hostigamiento y la persecución judicial hacia los reporteros que hicieron la investigación sobre la Casa Blanca, además de que se han acumulado un gran número de demandas judiciales en su contra.

PEDIR PERDÓN NO REMEDIA NADA

El lujo y la desfachatez continúan. Solo puede haber disculpas cuando hay entendimiento y dialogo, cuando dos partes se escuchan y se responden, en este caso solo hay una parte que habla, no hay un diálogo real, se trata del monólogo de siempre.

Lo que si fue un hecho concreto, es la renuncia del titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez quien ocupó el cargo cuando surgió el caso de la Casa Blanca.

Mucho se habló al respecto, cómo haya sido, Andrade Martínez sale del cargo con su integridad cuestionada y sin ninguna investigación real. Por supuesto que juzgamos su petición de perdón, sobre todo cuando está en sus posibilidades remediarlo y no lo hace, algunas cosas son solo cuestión de voluntad.

Pero si Peña Nieto quiere pedir perdón que lo haga, pero que lo haga por cada corruptela, por cada hecho y por cada acto que ha causado y que causan sufrimiento e indignación a los mexicanos. Sobre todo cuando está en sus posibilidades remediarlo y no lo hace, algunas cosas son solo cuestión de voluntad. Se puede fácilmente remediar por ejemplo la indignación que produce su oneroso salario. Según su Declaración patrimonial de mayo de 2015, Peña Nieto recibe anualmente tres millones ciento treinta y cinco mil ciento veinticuatro pesos por su cargo público, esto representa tres mil por ciento más de lo que gana un profesionista en promedio de acuerdo a datos del Observatorio Laboral. Y si consideramos sectores con los ingresos promedio más bajos como Turismo, Servicios Personales y el Agropecuario encontramos una diferencia abismal, treinta y siete mil ciento dieciséis pesos anuales gana en promedio un campesino, contra tres millones ciento treinta y cinco mil ciento veinticuatro pesos que gana EPN, son 84.5 veces más. Pero es que el trabajo del Enrique Peña ¿realmente vale lo de casi cien trabajadores? Y no estamos considerando la calidad de lo producido, ni el beneficio que ofrece cada fruto de trabajo en términos reales, ni siquiera se considera la plusvalía de lo que produce cada uno.

Pero volviendo a la ceremonia de Promulgación de las Leyes de Sistema Nacional Anticorrupción, hay que recordar que el 28 de mayo pasado se venció el plazo constitucional que establecía la publicación de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero eso parece que a nadie le importa. Entonces mencionemos que a tan pomposa ceremonia asistieron personalidades de la calidad del panista Roberto Gil Zuarth, aquel que le dijo a Felipe Calderón que quería ser como él y fue recompensado con una senaduría de la República, y que en su discurso pronunciado en la ceremonia dijo sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que es “un sistema que no lo tiene ni Obama”. Pues por algo ha de ser.

También acompañó a Peña Nieto el perredista Jesús Zambrano, que reprocho el artículo 29 de la ley tres de tres pero llamó “amigos” a “todos”. Y es que siendo todos amigos es más fácil acordar el destino de una mayoría que no representan en tanto que no velan por sus intereses.

Entre todos se encontraba Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, señalado de homofóbico, quien habló en su discurso de integridad y transparencia, olvidando que la integridad para un magistrado del Tribunal Superior de Justicia pasa por no supeditar los altos principios del derecho a intereses oscuros o mezquinos.

Y siguió pues, la nomenclatura, mencionando cada uno de los rimbombantes cargos públicos: que el presidente de la conferencia nacional de gobernadores, que la procuradora general de la República, que la comisionada presidente del instituto de transparencia acceso a la información y protección de datos personales, que el director ejecutivo de transparencia mexicana y representante de la sociedad civil, y demás títulos de gente cuyo trabajo público pasa desapercibido para la sociedad, que nadie sabe para qué sirven, porque se sirven todos, y sirven para todo, menos para servir a la gente, para servir al pueblo que paga sus salarios y prestaciones.

En los cuatro discursos pronunciados en la Promulgación de las Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción hubo elogios al presidente, auto elogios y lamentables intentos de explicaciones, verdades a medias, vanos y nulos intentos de ser oposición, demasiadas palabras huecas, por eso tal vez los discursos no explicaron nada, nadie pudo o nadie quiso explicar en qué consisten las siete leyes promulgadas o reformadas que integran el marco jurídico del sistema nacional anticorrupción. Los discursos fueron retóricos, no substanciales.

Los decretos con los que se promulgan o reforman Leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, establecen que el sistema:

Será presidido por los ciudadanos a través de un Consejo Coordinador encargado de definir las políticas públicas, aunque no se informó quienes serán esos ciudadanos. Y hay que recordar que muchos de los más viles y corruptos servidores del poder también son ciudadanos.
Sostiene que crea instituciones fuertes y autónomas para prevenir y castigar la corrupción, pero basta recordar que los intereses partidistas y del poder político están involucrados en instituciones y organismos que presumen autonomía como la Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada en Combate Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura, el Instituto Nacional de Acceso a la Información o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyos titulares lejos de comportarse como hombres libres en un cargo público se comportan como simples empleados del presidente.
Establece que se eliminarán los trámites innecesarios, y hará que las contrataciones y obras públicas se realicen con total transparencia. No obstante, siguen operando empresas como HIGA que se han visto involucradas en casos plenamente reconocidos por el presidente que indignan, agravian, que lastiman la investidura presidencial y dañan la confianza en el gobierno, como dijo el propio Peña.
Pretende que el Servicio Público sea más íntegro y habrá una real y efectiva rendición de cuentas por contar con una fiscalía anticorrupción y salas especializadas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero serán los mismos funcionarios los que operen y trabajen en él. Esos que ya han podido burlar las leyes y están lejos de ser servidores públicos para ser solo elementos que engrosan la burocracia parasitaria.
Intenta fortalecer a la Auditoria Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública. Pero nada asegura que el nuevo sistema represente un cambio de paradigma, que los nuevos instrumentos para fortalecer la integridad en el servicio público y erradicar la corrupción alcancen las más altas esferas del poder público. Aunque dicho poder de público solo tenga el nombre.
De las siete leyes anticorrupción promulgadas o reformadas, cinco son para generar mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno, y dos para hacer efectiva la acción de la ley:

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Que determina la coordinación y colaboración de instituciones encargadas de combatir la corrupción y su funcionamiento como un sistema.
Ley General de Responsabilidades Administrativas. La llamada ley Tres de tres establece las obligaciones de los servidores públicos, tipifica la corrupción y establece procedimientos para la detectar, investigar y sancionar responsables. Aunque la declaración patrimonial está incompleta ya que sin montos no es posible evaluar la evolución del patrimonio
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Establece la integración, organización, atribuciones del Tribunal encargado de juzgar posibles actos de corrupción. Pero no garantiza un cuerpo autónomo que se atreva a juzgar las faltas administrativas graves de los personaje encumbrados.
Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Evita la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y la mantiene como encargada de lo interno de la Administración Pública Federal.
Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Le da a la Auditoría Superior de la Federación más facultades y mecanismos para investigar y fiscalizar en tiempo real los recursos federales incluidas participaciones estatales.
Reformas al Código Penal. Para castigar con cárcel, actos de corrupción graves.
Ley de la Fiscalía General de la República. Para crear una Fiscalía Anticorrupción y perseguir penalmente actos de corrupción
Pues ahora hay que conocerlas y exigir su aplicación.