Los amparos de Deschamps, Lozoya, Elba Esther, etc. etc. etc.

Estamos entre la incredulidad y la indignación ante el otorgamiento a Carlos Romero Deschamps de un amparo que le concede suspensión definitiva contra toda orden de aprehensión que pudiera emitirse en su contra durante las próximas horas el pasado 23 de agosto. No es la primera vez que políticos encumbrados, pública y abiertamente corruptos, se han visto beneficiados por amparos emitidos desde el poder judicial. Antes se han visto beneficiados otros priístas distinguidos como Javier Duarte y Humberto Moreira y aparte de Deschamps el propio Lozoya. Y la cereza del pastel es la exculpación de la “maestra” Elba Esther Gordillo, a la que además de liberarla le fueron devueltos “sus” bienes. Todos estos líderes muestran sin empacho autos lujosos, numerosos departamentos y propiedades en zonas exclusivas en México y el extranjero, ropa de diseñadores internacionales, viajes en vuelos privados, cuentas bancarias en paraísos fiscales extranjeros. Y los jueces, encargados de impartir justicia ni se inmutan.

Dios nos agarre amparados

Es un escándalo internacional el que la corrupción que el otrora poderoso grupo empresarial Odebrecht , destiló sobre toda América Latina, otorgando millonarios pagos ilegales a gobiernos a cambio de trato preferencial en el otorgamiento de contratos, haya llevado a la cárcel hasta a presidentes en todos los países en que operaba, pero que en México la ley no haya ido a fondo, a sabiendas de que las propias declaraciones de los dueños de Odebrecht hayan implicado en actos de corrupción a personajes muy cercanos al ex presidente Peña Nieto.

¿Existe la justicia en México?

Y todos hemos sido testigos de cómo es que la injusticia en nuestro país permea todos los sectores sociales, todos los niveles y vemos con cierta naturalidad que las resoluciones de los juzgados siempre favorecen a quien tiene más dinero… o más poder. Hasta la hija del roquero Alejandro Lora libró la cárcel luego de que presumiblemente en estado de ebriedad atropelló a una persona que finalmente murió.

El aparato judicial en México es parte del sistema que durante décadas sostuvo y sostiene aún el status quo. Sobre sus resoluciones se justificaron acusaciones y encarcelamiento de líderes sociales y políticos de oposición. A la fecha ninguno de los responsables de las masacres de Tlatelolco, del Jueves de Corpus de 71, de Aguas Blancas, de Acteal está preso.

En la tragedia del incendio de la Guardería ABC donde murieron 49 niños, estuvieron involucrados el entonces Gobernador, y hasta una familiar de la esposa del entonces presidente, que fueron exculpados por los tribunales y aún no hay ni un solo culpable encarcelado.

In-Justicia para la democracia

Los tribunales electorales legalizaron los fraudes en las elecciones para sostener el régimen del PRI y del PAN desde la época posrevolucionaria hasta el ya inocultable triunfo de López Obrador; hasta entonces sus resoluciones avalaron las carretadas de dinero público para la descarada compra de votos, las maniobras en el cómputo de los votos, la guerra sucia de los medios contra la oposición, la usurpación de la presidencia.

Desde la época posrevolucionaria mantuvieron a corruptas dirigencias sindicales en el control de los trabajadores, dando fe de procesos de elección fraudulentos y cerrando los ojos o respaldando la represión al sindicalismo democrático. Todo con el fin de evitar que cundiera la organización independiente de los trabajadores. Y claro haciéndose de la vista gorda ante el saqueo de las cuotas sindicales.

¿Verdad histórica?

Se condenó nacional e internacionalmente el actuar de los tribunales para no corregir el desaseo y mentiras sistémicas y sistemáticas en torno a las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que por el contrario avalaron lo que desde el poder se presentó como la verdad histórica (sic). Ahí como en los demás casos aquí tratados, la justicia simplemente no he existido.

Igualdad ante la Ley

El poder judicial es el hilo que ata y mantiene unido el entramado de intereses, que se ha construido desde el poder político y económico, un sistema corrupto, injusto, que incluye la preservación de los intereses de las grandes corporaciones. El que paga manda.

Los grandes cambios que se requieren para revertir el desastre nacional se antojan imposibles. Los cambios estructurales para afianzar al neoliberalismo, al poder en manos de pocos, simplemente han sido “legalizados”, forman parte del sistema jurídico que es ilegitimo e injusto pero legal. Un caso paradigmático es el del aeropuerto que se pretendía construir en Texcoco, que a pesar de resultar contrario al equilibrio ambiental de toda la zona metropolitana, estaba sustentado en contratos legales y que para echarlo atrás, el gobierno tuvo que desembolsar millones de dólares a los contratistas.

Otros más son los contratos que entregaron los recursos petroleros y de la energía eléctrica a manos privadas internacionales asociadas con poderosos políticos y grupos económicos mexicanos y que hoy es casi imposible cancelarlos para recuperar la soberanía energética al país. Desconocer o anular esos acuerdos comerciales incluso, en caso de tratar de revertirlos se enfrentarían a demandas no en México, sino en tribunales privados internacionales en los que generalmente ganan los intereses del capital.

Despojo legalizado

Se legalizó el despojo al redactar y aprobar las reformas estructurales de tal manera que por ejemplo, las comunidades estarían indefensas en caso de que un consorcio internacional pretendiera, apropiarse de la riqueza petrolera o minera que se encontrara en el subsuelo en que están asentadas. Estarían las comunidades obligadas a cederles los derechos de explotación aunque los beneficios para ellas fueran mínimos y los daños ambientales y sociales de la explotación fueran devastadores. Todo esto se hizo legal.

Las instancias jurídicas, encabezadas por la Suprema Corte de Justicia están obligadas a defender el orden jurídico en que está sustentado el despojo. Y no sólo lo hacen por obligación. Muchos de los hoy ministros llegaron a esos cargos designados desde el poder presidencial en turno y a los intereses de los grupos en él representado responden.

Autonomía para defender privilegios

A principios del actual gobierno de dio el enfrentamiento entre el ejecutivo y la SCJN, porque esta no aceptó que se les redujeran los salarios y privilegios. Los togados tomaron esto como un ataque a su autonomía mostrándose ofendidos ante la política de reducción de salarios. Un ministro llegaba a ganar hasta  4 millones 659,489 pesos anuales y no piensan perder sus privilegios. Se han constituidos como intocables con intereses propios y ajenos al del resto de la nación.

Justice for all

México requiere una gran reforma de su aparato de Justicia. Una reforma para que el poder judicial esté realmente del lado de la verdad, del derecho, de la justicia, de la igualdad ante los tribunales. Necesitamos que los jueces actúen de manera imparcial, sin dejarse presionar, comprar o cooptar por los poderes económicos ni políticos.

Debemos exigir y presionar para que el judicial sea un poder realmente autónomo e independiente que sea instrumento para renovar al país, para garantizar su soberanía, el real ejercicio de los derechos humanos. Uno que proteja los derechos políticos, los derechos laborales, las garantías individuales. Nos urge un poder judicial que no sirva de parapeto a quienes lucran con las representaciones sindicales, y por el contrario castigue el robo de los recursos de los trabajadores. Uno al que puedan recurrir los campesinos, los indígenas, las mujeres violentadas con la certeza de que se les hará justicia.

Es sueño guajiro pensar que los hoy dueños de los tribunales se reformarán a sí mismos. Hay muchos intereses en juego. Sigue haciendo falta una sociedad más activa que cambie el país y esa no está actualmente en ningún partido. La demanda de Justicia es tarea de todos enarbolarla y hacer lo necesario para hacerla realidad.

Como todo cambio social, el de la justicia, este no será posible si no se construye desde abajo.