Los Riesgos de la Apuesta por la Guardia Nacional

Es tarea ineludible de los gobiernos combatir el crimen, garantizar la seguridad y el estado de derecho. Los gobiernos previos al de Felipe Calderón administraron, pactaron y se asociaron con los grupos delincuenciales, pero al panista se le ocurrió lanzar la “guerra” contra el narco con una estrategia tan errada que al final de su sexenio los muertos se contaban por decenas de miles y la violencia se extendió por todo el territorio.

Desde entonces el país está sumido en la violencia, el crimen organizado controla amplios espacios territoriales, económicos y políticos. Todos en lo individual y lo colectivo hemos padecido por lo menos un asalto, pero el catálogo de delitos que sufren millones de personas es terrorífico: secuestros, extorsiones, despojo, muerte, lesiones, violación, etc., yen todas éstas los ciudadanos están indefensos, con desconfianza en las autoridades por lo que pocas veces se denuncia. Parece que nos basta con salir ilesos y vivos, aún así con el riesgo, subimos con terror a las rutas de transporte público conocidas por los asaltos.

El poder económico del narco, la violencia entre bandas rivales, los desaparecidos, los muertos, los destazados, la cooptación de miles de jóvenes como halcones, los campesinos que por conveniencia o amenaza cultivan marihuana o amapola, han deteriorado y corrompido el tan mentado tejido social.

Los cuerpos policiacos, desde siempre proclives a la corrupción, no sólo no combatieron al narco, sino se coludieron con él hasta conformar una simbiosis funcional, repartiéndose las ganancias. La nómina de los cárteles escaló hasta los puestos políticos más altos, por eso las acciones para contener el tráfico o para detener a las cabezas de los cárteles siempre fracasaron por la infiltración de las policías y los gobiernos mismos. Ante dicha infiltración y el poder de fuego del crimen organizado, se ha incorporado al Ejército y la Marina como último recurso ante la inoperancia institucional ¡pero incrementó la violencia!

Siendo así, han sido muchos los casos en que civiles desarmados e inocentes han muerto en manos de militares. Y es que las fuerzas armadas se preparan para el combate, para abatir sin miramientos a los enemigos con el uso indiscriminado y letal de armas, como sucede cotidianamente en una guerra.

El uso de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública en tiempos de paz contraviene lo establecido en la Constitución sobre el papel del Ejército. La ley de seguridad interior aprobada a finales del gobierno de Peña Nieto pretendía dotarles de “seguridad jurídica”, eufemismo usado para legalizar contra la ley.

Si revisamos los resultados de esta guerra en términos reales, podemos concluir que ha fracasado rotundamente. La espiral de la violencia continúa y se ha incrementado, la seguridad se convirtió en la demanda más sentida de todos los sectores sociales en el pasado proceso electoral.

Con la esperanza de que ahora sí se haga algo para cambiar la situación, se vuelve muy difícil para el nuevo gobierno encontrar una fórmula efectiva en asuntos de seguridad y combate al crimen organizado, pero termina apostando nuevamente por los militares con una fórmula intermedia: crear la Guardia Nacional conformada por las Policías Militar y de la Marina, con la intención de que sea comandada por un militar. Por tanto, la iniciativa de Ley decreación dela Guardia Nacional para aprobarse por consenso, tuvo que incluir que será un civil el que la dirija y que los de verde olivo tengan un plazo perentorio de participación de cinco años, ¿será?

Preocupa el poder económico y la influencia social, pero sobre todo, la política que adquieren los sectores castrenses. El ejército no debe estar en modo alguno involucrado en política -las tentaciones autoritarias y la experiencia de golpes de estado en América Latina deberían bastar para ilustrar esto-.

Preocupa que continúen las acciones desmedidas y los daños colaterales para la población civil. No queremos ver más familias o estudiantes acribillados, ejecuciones sumarias e impunidad jurídica de quienes han perpetrado masacres, ni de quienes las han ordenado amparados en el fuero militar.

Quedan serias dudas sobre la incorruptibilidad de miembros del Ejército (se han dado casos importantes de altos jefes militares involucrados con el narco), pues la suma de corrupción más poder armado serían catastróficas para el presente y el futuro del país.

El gasto al Ejército es de los únicos rubros que aumentaron mientras que en cultura, el campo, las universidades, salud, ciencia y tecnología quedaron en rezago.El presidente también anunció que la operación del aeropuerto en Santa Lucía quedará en las fuerzas armadas, ésto no puede más que interpretarse como una enorme y creciente influencia de poder que el Ejército ha ido adquiriendo y seguramente se acrecentará.

La falta de una ruta de salida de las tropas de las calles hace totalmente incierto que en cinco años regresen a los cuarteles. Acostumbrarse a ver al Ejército diariamente no es saludable para la vida política y social de un país como México, habría un desbalance entre la vida civil y la militar, en la que no tardarían en surgir voces para que sectores castrenses ocuparán cada vez más espacios (incluyendo los políticos) hasta sustituir a los civiles, y el Ejército es una institución que no está acostumbrada a dar explicaciones sino órdenes. Tampoco es ajena a los intereses de grupos políticos y privados, ya que en las últimas décadas respondió fielmente al régimen neoliberal, actuando muchas veces contra las luchas sociales.

Las necesidades son prioritarias, la apuesta es alta, los resultados inciertos y riesgosos. Y el cuestionamiento sería ¿qué está en juego?